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Archivo: Cartel de la protesta

La justicia procesó al jefe de Apropol, Alberto Martínez, como “instigador” del alzamiento policial de 2013 y a tres oficiales en actividad, Abasto, Patiño y Pagani, como “coautores” del delito de sedición. El “movimiento sedicioso” provocó “hechos de significativa gravedad” que “perturbaron la tranquilidad pública” y afectaron “el orden institucional de la provincia”, dice la resolución de 44 páginas.

La resolución del juez federal Reinaldo Rodríguez que se conoció ayer en la causa que investiga el alzamiento policial de diciembre de 2013 reparte los cargos. Procesó al jefe de Apropol, Alberto Martínez, y a tres oficiales en actividad –Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani–, al primero como supuesto “instigador” y a los demás como “coautores” del “delito de sedición” y les concedió la “libertad condicional” a los cuatro. Pero también exculpó a Martínez con un “sobreseimiento” por las presuntas “coacciones agravadas” al gobernador Antonio Bonfatti que le había reprochado el fiscal Walter Rodríguez y una “falta de mérito” a los otros dos imputados, Oscar Aguirres y Alejandro Zamaro, que también había pedido el fiscal. El “movimiento sedicioso” provocó “hechos de significativa gravedad” que “perturbaron la tranquilidad pública” y afectaron “el orden institucional de la provincia”, dice el fallo de 44 páginas al que tuvo acceso Rosario/12. El juez consideró probado el “plan criminal” que denunció el Ministerio Público al adjudicar a Martínez y compañía “una división de tareas y roles” durante el conflicto. El “accionar” del líder de Apropol fue “influyentes para que se produjese el alzamiento policial”, dijo el magistrado. Abasto, Patiño y Pagani oficiaron como “negociadores” ante el gobierno. Mientras los piquetes bloqueaban las jefaturas de Rosario y Santa Fe, crecía la protesta en las puertas de la Casa Gris -﷓con la participación de manifestantes que portaban armas-﷓ y se boicoteaba el servicio de emergencia 911, entre otros “hechos de gravedad”, agregó.

Al analizar la conducta de Martínez, el juez valoró varias pruebas, entre ellas los mensajes que éste publicó en las redes sociales, las escuchas telefónicas y los petitorios que se presentaron a Bonfatti, uno el 5 de diciembre con la firma de secretario general de Apropol y el segundo, a los dos días, ya con el respaldo de los “autoconvocados”, que es un calco del anterior.

“Martínez actuó con la intención de provocar el alzamiento”, reveló el juez. Sus “conversaciones telefónicas evidencian la voluntad (…) de incentivar el comportamiento sediciosos de los policías en actividad”. Y citó la línea que bajaba el 8 de diciembre. “Hay que terminar con toda esa mierda”. “Hay que cerrar las comisarías y decretar el paro.” “Cuando pongan los móviles bloqueando en la puerta tienen que estar con un cartel que diga: \’Estamos de paro. Vení a patrullar vos Bonfatti. ¿Entendés? Vení vos con Berni”.

“Martínez instigó públicamente a un número no identificado de policías al inicio y radicalización del conflicto”, señaló el juez. Y encuadró su conducta como supuesta “instigación a cometer delitos”, que tiene una pena de dos a seis años de prisión. “Martínez incitó a las fuerzas de seguridad a que desistan del cumplimento de las funciones de prevención y represión del delito con el objeto de presionar al Poder Ejecutivo a los fines de que ceda ante sus peticiones de índole laboral y salarial”.

En tanto, los otros tres procesados, Abasto, Patiño y Pagani, operaron en “forma organizada y conjunta con terceros no identificados” y “contribuyeron con sus aportes individuales al alzamiento de la Policía”. Eran los “negociadores” ante el gobierno, “desempeñaron un papel influyente en los acontecimientos”. Tanto que en las escuchas, Martínez los ubicó a la cabeza del movimiento. “Hay tres compañeros nuestros, está Patiño, Pagani” y “Fabricio”, como llamaba a Abasto. “Santa Fe está que arde”, decía el jefe de Apropol.

Según el juez, entre los cuatro hay “una relación de confianza que excede el ámbito formal y académico” que ellos invocaron en las indagatorias.

El juez Rodríguez confirmó también que en el piquete de la plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, operaron “policías, aún no identificados que lucieron sus armas de fuego reglamentarias”. Las pruebas son las fotos que aportó el fiscal de Estado Pablo Saccone en la denuncia del 10 de diciembre de 2013 -﷓que abrió la causa-﷓, videos de Canal 13 de Santa Fe y el testimonio de funcionarios. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, llegó a decir que “la ostentación de armas” era “evidente”.

“En conclusión, el alzamiento en el que Abasto, Patiño y Pagani habrían cumplido el rol de negociadores y coordinadores de las presuntas acciones ilegítimas” logró mejorar las condiciones laborales de la Policía de Santa Fe “valiéndose del abandono acentuado de actividades propias de seguridad” y “hechos de significativa gravedad que perturbaron la tranquilidad pública y afectaron “el orden institucional de la provincia”.

Rodríguez dispuso también el “sobreseimiento” de Martínez por las supuestas “coacciones agravadas” a Bonfatti que le había imputado el fiscal. Las pruebas eran los mensajes de textos que el jefe de Apropol le mandó al gobernador durante el conflicto, que el juez consideró “inapropiados”, pero no una “amenaza en el sentido del anuncio de un mal”.

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