En los primeros borradores de sus pretensiones salariales en mano, los gremios docentes exigieron que el gobierno provincial los invite con premura para discutir aumentos. Según estimaron dirigentes de los sindicatos que agrupan a los educadores de escuelas públicas (Amsafé) y privadas (Sadop), la convocatoria “no puede pasar de los primeros días de febrero”. Además, rechazaron la pretensión de establecer un techo del 20 por ciento para los incrementos de sueldo. “Resulta inaceptable para cualquier trabajador”, consideraron y advirtieron que a las previsiones de inflación para los próximos 12 meses hay que sumar el desfasaje entre el aumento obtenido el año pasado y el crecimiento del costo de vida. De esta forma, la demanda del sector se ubicaría por encima del 30 por ciento.

La puja salarial de los docentes es, tradicionalmente, la primera del año. Con el inicio de clases proyectado este año para el 6 de marzo, los gremios ya se declararon en estado de alerta y movilización para exigir el cumplimiento de paritarias nacionales. Fue a principios de mes, después de que el ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, manifestara que la discusión salarial debía limitarse al ámbito provincial, a contrapelo de la ley de financiamiento educativo y de la dinámica que tuvieron las negociaciones en los últimos años.

Para la dirigente de la Ctera a nivel nacional y de la Amsafé provincial, Sonia Alesso, esta situación “anticipa un escenario conflictivo”, ya que el acuerdo alcanzado entre los gremios y el gobierno nacional sirve tradicionalmente de piso para las paritarias provinciales y, además, establece el pago del fondo compensador y del incentivo docente.

Sin embargo, no es el único dato que augura tormentas. La insistencia de que los acuerdos salariales se cierren en función de los pronósticos de inflación futura también enciende alerta entre los gremios que agrupan a los maestros. Un antecedente en este camino fue el acuerdo que sellaron los estatales bonaerenses, que pactaron una suba del 18 por ciento, a pagarse en cuatro cuotas y con la posibilidad de ajustarse si la inflación resulta más alta.

Para Alesso, ajustar la pretensión salarial a los pronósticos de inflación futura “resulta inaceptable para cualquier trabajador, ya que esto no tiene en cuenta la pérdida del poder adquisitivo sufrida por el salario durante 2016”.

Este punto, recordó, tuvo su capítulo provincial a fines del año pasado, cuando los gremios estatales reclamaron la reapertura de paritarias.

Por esto, reclamó que el gobierno provincial convoque a discutir salarios “con tiempo”, es decir no más allá “de los primeros días de febrero”.

Y si bien no quiso anticipar un porcentaje de aumento pretendido estimó que en el centro de la discusión debe ubicarse “la efectiva pérdida del poder adquisitivo del salario” registrada durante el año que pasó.

La Capital