Tres ex comandantes de Gendarmería imputados por la represión ilegal en la cárcel de Coronda durante la dictadura

Tres ex comandantes de Gendarmería Nacional que estuvieron al frente del penal de Coronda en los primeros años de la dictadura están imputados por haber cometido delitos de lesa humanidad mientras gobernador la cárcel. El juez federal Reinaldo Rodríguez ordenó detenerlos para indagarlos. Cientos de presos políticos pasaron por esa penitenciaría durante la última dictadura militar. Tres de ellos murieron por no haber recibido asistencia médica.

 

El viernes 11 de este mes, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez ordenó detener para tomarle declaración indagatoria a tres ex comandantes de Gendarmería Nacional que fueron directores de la cárcel de Coronda entre 1976 y 1980, período en que se aplicó una feroz represión intramuros a los presos políticos. Para el juez –y a instancias del fiscal – hay motivos suficientes para fundamentar que durante casi un lustro, se violaron los derechos humanos sistemáticamente en el penal, se aplicaron tormentos, de omitió ayudar a reclusos enfermos y se privó ilegalmente de la libertad a numerosos ex militantes que fueron “alojados” allí tras detenerlos en el marco de la denominada “lucha antisubversiva”.

El Comandante (Retirado) Octavio Zirone fue indagado el pasado lunes y en los próximos días el magistrado resolverá su situación procesal. Zirone, integra un nucleamiento católico en Buenos Aires y tuvo una formación “ejemplar” para la represión intramuros. Según fuentes de la causa, el ex jefe de Gendarmería tuvo un paso previo por el penal de Rawson, en el sur del país, donde estuvieron detenidos los principales dirigentes de las organizaciones armadas de los años setenta, muchos de ellos fusilados en feroces balaceras que fueron “vendidas” como enfrentamientos o motines. La investigación judicial, por lo pronto hace foco en tres ex directores del penal que revistaban en Gendarmería con grados de Comandante: Juan Ángel Domínguez, el primero en hacerse cargo del penal con la supervisión del Ejército, el mencionado Zirone y –según el relato de las víctimas- el más feroz de los represores puertas adentro: Adolfo Kushidonchi, de quien queda el recuerdo de haber sido el más indolente y represor de todos. Luego sucedieron en los mandos Teodoro Bagnoli, Juan Borgoratto y Juan Carlos Marioni, estos últimos tres alcaides del Servicio Penitenciario santafesino que, por el momento, no están imputados.

Domínguez, que vive en Salta, fue ubicado por la policía federal y se esperaba que declare en calidad de imputado este viernes. Sin embargo, fuentes judiciales dijeron que la medida se trasladaría para la semana próxima. En el caso de Kushidonchi, el magistrado esperaba noticias de su paradero, puesto que las fuerzas policiales intentaban ubicarlo en algunos domicilios de Capital Federal y otros del Gran Buenos Aires. Versiones provenientes de organismos de Derechos Humanos sostienen que el ex gendarme habría participado de espacios vinculados al pejotismo de paladar negro en la provincia gobernada por Daniel Scioli.

Las actuaciones se iniciaron con la presentación formulada por el ex preso político Raúl Omar Sassi, en fecha 21 de junio de 1984, ante el Juzgado de Instrucción de la Novena Nominación de la ciudad de Santa Fe. Allí denunció una serie de hechos delictuales cometidos en la “Cárcel Modelo de Coronda”, cuya consumación se extiende en el tiempo entre los años 1976 y 1983. A la denuncia de Sassi se sumó la de Camilo Hormaeche. Ambos, varios años después y con las leyes de impunidad declaradas inconstitucionales, presentaron un escrito en la justicia federal para que se investigue la responsabilidad penal de quienes personalmente dirigieron el penal en la última dictadura y sus subalternos, algunos de ellos profesionales médicos.

Por los estrados judiciales desfilaron más de 30 testigos que estuvieron presos en los años de la última dictadura en el penal corondino.

Entre las víctimas de aquellos tiempos donde la Gendarmería gobernó la cárcel , pueden mencionarse a modo de ejemplo: Froilán Aguirre (quien fuera el denunciante en la causa que llevó a la cárcel al represor de la policía santafesina, Roberto Martínez Dorr), el director del coro de la Universidad del Litoral, Jorge Céspedes, el periodista del diario El Litoral, Rogelio Aalaniz, el secretario general de UPCN, Alberto Maguid, el abogado Jorge “Coco” Pedraza, Francisco “Pancho” Klaric, y el recientemente fallecido periodista Daniel Gatti, entre otros. 

Terrorismo de Estado intramuros

Kushidonchi reemplazó a Zirone en noviembre de 1977 y ordenó, casi de inmediato, que los presos políticos más “radicalizados” sean trasladados del pabellón 5 al 3 y en el 6 quedaron los presos comunes mezclados con algunos funcionarios del gobierno justicialista destituido más de un año atrás.

El 19 de diciembre de ese año falleció producto de una tremenda omisión de auxilio el militante Luis Alberto Hormaeche quien luego de sentir un fuerte ataque chocó su cabeza varias veces contra el muro de la celda y luego quedó tendido en la cama. El pedido de ayuda de su compañero llegó tarde. Cuando el enfermero llegó su salud era muy precaria. Murió cuando era trasladado a una sala de hospital en Santa Fe. Militaba en UPCN y formaba parte del coro Musicantropus.

Coronda se fue transformando en un penal que ensayaba métodos de represión muy duros. La dirección de la cárcel puso luego un preso político por celda. Los médicos no cumplían su función de asistencia y sólo recetaban aspirinas a los detenidos. Ante cualquier complicación los remitían a la sala de guardia del penal o –excepcionalmente- a Santa Fe. El 8 de abril de 1979 murió en el pabellón 5 Raúl San Martín, que estaba en el pabellón 3, como los denominados “irrecuperables”. Luego de una larga agonía, que no encontró respuesta de nadie, cerró sus ojos para siempre producto de un cuadro de meningitis.

“El gringo” Juan Carlos Voisard murió el 15 de agosto de 1976. La versión oficial informó que fue producto de un ataque de presión. El acta de defunción no mentía, pero no contenía el relato de sus compañeros que lo escucharon quejarse durante horas pidiendo medicación para su presión arterial. Cuando se cumplió un año de su muerte sus compañeros hicieron una “huelga de silencio” por 24 horas. Los “pata negra” no entendían qué sucedía. Como respuesta devino una fuerte represión a la que se contestó con más silencio. “El gringo” murió durante la oprobiosa gestión de Zirone, un duro que desconocía la misericordia, a pesar de tener su despacho repleto de imágenes religiosas.

La justicia federal tiene en carpeta también a cinco médicos y a un enfermero que formaron parte de la patota de la denominada “patota de guardapolvo y estetoscopio”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Héctor M. Galiano (hgaliano@notife.com) · Fuente: Notife

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