La Corte Suprema autorizó el aborto tras revocar el amparo

La Corte Suprema de Justicia revocó anoche la medida cautelar que impedía la práctica de un aborto a una mujer víctima de una violación y le hizo saber «con carácter urgente» al gobierno porteño que se deberá «proceder a la práctica con prescindencia de la resolución judicial que suspendió la realización».

El fallo lleva la firma de seis de los siete integrantes del máximo tribunal: Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt.

Además, dispuso la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que siga el procedimiento judicial a los fines de que se efectúe la práctica como estaba prevista inicialmente en el hospital Ramos Mejía.

La Corte puso punto final así al conflicto suscitado entre la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia -Pro Familia- y la mujer que había pedido la práctica, que además fue víctima de la trata de personas.

En su fallo de seis páginas, el máximo tribunal confirma la validez del protocolo para la práctica del aborto no punible, cuestiona la acción de la jueza civil Miriam Rustán de Estrada, que tuvo que dejar la causa por decisión de la Cámara por haber aceptado el recurso presentado por Pro Familia, y destaca la acción del juez de primera instancia.

La Corte se refirió al juez porteño Guillermo Scheibler, responsable del Juzgado Nacional en lo Civil 106, que había rechazado el recurso presentado por la asociación civil Pro Familia y reiteraba la autorización a la mujer a efectuarse el aborto en el hospital Ramos Mejía.

El fallo judicial del máximo tribunal relató toda la secuencia del caso: desde que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunciara públicamente el 5 del mes actual que cuatro días después se iba a hacer «el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires» hasta la maraña de recursos, rechazos y aceptaciones que concluyó anoche con la firma de seis de los siete ministros de la Corte en favor del procedimiento quirúrgico.

«Los tribunales que han asumido su competencia han adoptado decisiones que podrían encontrarse en contradicción, circunstancia que habilita a esta Corte para adoptar las medidas necesarias y apropiadas para evitar consecuencias que comprometerían hondamente la administración de justicia, de igual modo al que lo ha hecho en fecha reciente frente a una cuestión sustancialmente análoga», argumentó el máximo tribunal.

Se afirmó, además, que «la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles».

Hasta anoche, no se conocía la fecha en la que podrá cumplirse con la práctica quirúrgica requerida por la mujer de 32 años, aunque debido a los tiempos establecidos por el protocolo debería efectuarse en las próximas horas.

La Alianza de [email protected] por los Derechos de las Mujeres realizará denuncias contra Pro Vida ante el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados, según anticipó ayer a la agencia Télam Agustina Ramón Michel, integrante de esa asociación civil que respaldó a la mujer y que cuestionó la intromisión en su decisión.

Paralelamente a la definición de la Corte Suprema de Justicia, la jueza civil Miriam Rustán de Estrada, que había suspendido el aborto a pesar de que se ajustaba al protocolo de salud de la ciudad y al fallo del máximo tribunal de marzo último, tuvo que dejar la causa por decisión de la Cámara, que resolvió una «cuestión de competencia» y se la asignó al titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 56, Miguel Ricardo Güiraldes.

El magistrado, que había quedado a cargo de la causa, aceptó las apelaciones presentadas por la mujer y elevó el expediente a la Cámara para que resuelva la competencia entre los juzgados nacionales y de la ciudad, aunque recordó en su escrito que hay un fallo del máximo tribunal que pide a los fueros civiles que no intervengan en los casos de procedimiento por abortos no punibles en las diferentes provincias.

En Santa Fe, por ejemplo, ya se practicaron 14 intervenciones de acuerdo con el protocolo de salud definido en esa provincia. Allí no hubo procesos judiciales, aunque el tema es diferente según cada distrito. En Córdoba, la definición de un protocolo para estos casos permanece completamente frenado por la presentación de una demanda por parte de una organización antiabortista.

En este contexto, el abogado Pablo Vicente, que representa a la mujer embarazada y víctima de trata de personas, había deslizado ayer antes de conocerse el fallo de la Corte la posibilidad de que la interrupción del embarazo sea practicada en un hospital público de la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones radiales ante una pregunta sobre si la mujer «podría eludir las restricciones del fallo de Rustán de Estrada atendiéndose en la provincia de Buenos Aires», el abogado de la paciente respondió: «Entiendo que sí, se está evaluando esa posibilidad».

De todos modos, las idas y venidas judiciales tuvieron origen en una falencia general en tanto que no existe una ley nacional sobre el aborto no punible, sino sólo un fallo de la Corte en el que se zanjó una vieja discusión sobre la interpretación del inciso 86 del Código Penal. Aunque los criterios de la sentencia deberían ser adoptados por todos los tribunales inferiores, la realidad es que la judicialización en este tipo de casos resulta corriente.

Incluso, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el aborto no punible corría por los carriles normales de acuerdo con el fallo de la Corte y el protocolo recientemente definido por el gobierno porteño, hasta que la organización civil Pro Familia interpuso un pedido de amparo para evitar la intervención. La jueza Rustán de Estrada argumentó en su escrito que no le constaba que hubiera existido una violación, tal como había denunciado la víctima, aunque la jueza no añadió ninguna prueba o pesquisa para sostener la sospecha.

A todo esto, la Corte Suprema recibió ayer el planteo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario para definir otra cuestión de competencia que involucra este caso: si es ese fuero o el civil el que debe intervenir en el expediente y, en consecuencia, autorizar o mantener suspendido el aborto.

En sintonía con el fallo anterior de la Corte, el Tribunal se manifestó en favor de la justicia porteña como foro competente para este caso.

El océano judicial se hizo más profundo en los últimos días tras las denuncias presentadas contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri , por difundir el caso, al igual que contra los abogados de Pro Familia, que obtuvieron la suspensión del aborto. Por lo pronto, la jueza Rustán de Estrada quedó comprometida por partida doble: penalmente y también ante el Consejo de la Magistratura.

 

 

 

Fuente: La Nación

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