Hay «emergencia en seguridad» en la provincia

La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió hoy en ley un proyecto que declara la emergencia en materia de seguridad en todo el territorio provincial por el lapso de 18 meses prorrogables y teniendo como marco la reciente detención del ex jefe de policía, Hugo Tognoli, por presuntos nexos con el narcotráfico.

El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobada con 30 votos a favor, mayoritariamente de los bloques justicialistas, y 12 en contra, sobre 43 presentes, incluido el presidente del cuerpo, Luis Rubeo, y siete ausentes. El oficialismo del Frente Progresista votó en contra.La ley que declara la emergencia en seguridad, que será girada ahora al Poder Ejecutivo, coincide con una crisis en el área que se profundizó con la detención del ex jefe de policía, Hugo Tognoli, por presuntos nexos con el narcotráfico.

El texto, fundamentado en el recinto por la diputada Silvia De Cesaris, ‘pretende, entre otras cosas, la implementación de programas de contención social, para los individuos y sus familias‘, dijeron voceros del bloque del FpV.

Propone agilizar la recepción y resolución de denuncias de delitos civiles, conflictos entre vecinos o familiares a través de juzgados comunales y registro civil.

El proyecto, que había ingresado al Palacio Legislativo en agosto pasado y obtuvo rápida aprobación en el Senado, autoriza al Ejecutivo a redireccionar partidas presupuestarias y a apartar a jefes policiales investigados, entre otras acciones.

La incógnita ahora se centra en la actitud que tomará el gobernador Antonio Bonfatti acerca de la herramienta que le entrega la Legislatura, teniendo en cuenta que los parlamentarios del Frente Progresista se opusieron a la sanción de la norma.

La Emergencia en Seguridad pretende también, con las acciones que implemente su autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad, la depuración de agentes policiales sospechados e investigados, ya sea en sede administrativa o judicial.

La medida engloba a todos los que han cometido faltas como supuesto enriquecimiento injustificado del personal policial en ejercicio de sus funciones o hasta 6 años después de su renuncia o pase a retiro.

Además, facilita la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.

El texto permite que se concreten reparaciones edilicias en dependencias policiales, o en su caso ejercer la acción expropiatoria necesaria a los fines de la adquisición de los inmuebles funcionales para la implementación de la ley.

También autoriza la redistribución de automóviles policiales, e instrumentación de un mecanismo de distribución de vehículos e instar a los magistrados a la agilización en el dictado de resoluciones a fin de asignar los móviles para incorporarlos al uso de la fuerza.

Otros aspectos que incluye la norma es la adquisición de equipamiento para la policía científica, la compra de tecnología GPS, scanner móviles para detección de drogas peligrosas, insumos, maquinarias y todo otro elemento que haga al buen desempeño de la tarea.

De igual forma estipula la construcción de dos complejos penitenciarios para descomprimir las comisarías y faculta al Ejecutivo a llevar a cabo políticas interministeriales de asistencia e inserción de jóvenes de entre 14 y 25 años para completar sus estudios y capacitarlos laboralmente.

‘Esta herramienta que hoy brinda el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo facilita y amplía la disponibilidad de fondos para eficientizar la prestación del servicio, elevando el tope para la compra directa y el concurso de precios‘, añadieron voceros del PJ

Por último la ley allana el camino para la creación de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, su integración y funcionamiento.

Télam

También te podría gustar...