Piden volver a procesar a De la Rúa por las muertes de diciembre de 2001

El CELS solicitó rever su responsabilidad por haber dictado el estado de sitio que derivó en el asesinato de cinco manifestantes y la lesión de otros 117.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió ayer que el ex presidente Fernando de la Rúa sea procesado por los asesinatos de cinco manifestantes y los 117 lesionados que hubo durante la represión policial durante su último día de gobierno, el jueves 20 de diciembre de 2001.

La solicitud fue hecha en una audiencia oral y pública encabezada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá resolver si confirma o no el sobreseimiento dictado por la Sala II.
De la Rúa faltó a esa audiencia y tampoco estuvo presente el fiscal de Casación Ricardo Weschler, pese a que había gestionado el recurso de apelación ante el máximo tribunal del país para exponer sus argumentos y se había inclinado por el procesamiento del ex mandatario.
Los abogados fundamentaron su pedido en que, tras dictar el estado de sitio, «De la Rúa tenía especial deber de control, decir que no es decir lo contrario a lo que establece la Constitución Nacional». Así lo argumentó el abogado Rodrigo Borda, del CELS, que patrocina a las familias de dos de los asesinados ese día: Gastón Riva y Diego Lamagna, y a un herido, Jair Pérez Gorospe.
En esta causa, que ya lleva diez años de instrucción, el ex presidente pasó por todas las situaciones posibles: primero recibió la falta de mérito, luego fue procesado, más tarde volvió a gozar de la falta de mérito, y, finalmente, la Cámara Federal lo sobreseyó, con los votos afirmativos de Martín Irurzun y Eduardo Farah.
En el mismo expediente ya fueron enviados a juicio oral el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza, Raúl Andreotti; y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero.
«Fue un error jurídico de la Cámara eximir de responsabilidad a De La Rúa y lo que no puede sostenerse es que (…) no tenga entre sus funciones controlar cómo la policía detenía personas a disposición del PEN», afirmó Borda. Los abogados del CELS consideraron que el dirigente radical «se arrogó facultades que no tenía» al decretar el estado de sitio a la noche del 19 de diciembre, lo que provocó un masivo cacerolazo en todo Buenos Aires y la salida de la gente a las calles marchando a la Plaza de Mayo. «El operativo de represión fue ilegítimo porque De la Rúa declaró el estado de sitio sin intervención del Congreso de la Nación pese a la obligación que imponen los artículos 65 y 29 de la Constitución Nacional en caso de conmoción interior», recordó Borda. El letrado también consideró «lamentable que el fiscal Weschler no haya venido a la audiencia».
Por su parte, los defensores Miguel Almeyra y Zenón Ceballos, expusieron que «el estado de sitio venía siendo requerido por los gobiernos de provincia, especialmente el de Buenos Aires», que entonces encabezaba el peronista Carlos Ruckauf. «La república se derrumbaba y el presidente estaba tratando de salvar la institucionalidad», proclamó Almeyra y preguntó a los camaristas si «¿el deber de reprimir los excesos (de los manifestantes) no se encuadraba en el ámbito de la legitimidad?».

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