«No negociaremos», dijo Coccocioni sobre el paro de presos en Coronda

El secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia aseguró que “no negociarán” con los internos de la cárcel de Coronda -hoy se sumaron los de Piñeiro-, que no asisten a los talleres desde la semana pasada como medida de protesta pacífica. Los reclusos rechazan un decreto del gobernador que endurece los requisitos para las salidas transitorias, pero también denuncian superpoblación en los penales y la disolución de las mesas de diálogo que habían comenzado a funcionar en la gestión de Hermes Binner, pero no se integran desde 2014. En diálogo con El Litoral, Coccocioni dijo que respetan el reclamo, pero que no están dispuestos a negociar, esencialmente el planteo vinculado con las salidas transitorias.
“No vamos a negociar. Respetamos la medida en tanto y en cuanto sea pacífica y estamos al tanto del petitorio. Ellos (los internos) saben hacia dónde nos encaminamos en materia de políticas públicas y éstas son para nosotros decisiones tomadas. La verdad que no estamos dispuestos a someterlas a negociación”, insistió. Respecto del decreto firmado por Miguel Lifschitz a fines del año pasado, aclaró que si bien fue declarado inconstitucional, ello incide sólo sobre el caso en particular y no en general. “Por lo tanto -aseveró-, lo vamos a seguir aplicando. No es para nosotros debatible o negociable si se aplica o no un decreto; está firmado y hay que cumplirlo”.
—Se denuncia que sólo hay 300 puestos de trabajo en Coronda para más de 1.200 presos y pocos talleres. ¿Es así?
—Hay casi 400 puestos de trabajo pero del Iapip. Después hay otros que dependen de la cárcel. Industrias Penitenciarias no es el único organismo que da una actividad de capacitación laboral al interno. En el servicio penitenciario hay puestos de trabajo que van desde lo más sencillo, como barrer un pasillo, hasta trabajar en el Iapip. Entre un extremo y otro hay todo un mundo. Para el preso que quiere, la opción no es el ocio. Sí hay algunos puestos que son mejores que otros y reconocemos que falta muchísimo por mejorar en este aspecto. Por eso planteamos la política penitenciaria en etapas. Lo primero fue unificar el régimen de los privados de libertad para que la gran mayoría (hoy, el 90 %) estuviese en el servicio penitenciario y no en comisarías. Ahora, habrá una gran inversión en capacitación laboral, educación y deportes. Esos son los tres ejes de nuestra política penitenciaria hacia el interior de la cárcel. Son todos pasos evolutivos de una política que demanda tiempo y recursos. Por eso tampoco aceptamos que sea algo que haya que negociar. Son cosas independientes y el decreto tampoco incide sobre todos los presos. La mitad no tiene condena. Sólo se evalúa a los condenados, y dentro de ellos ven agravada su situación los reincidentes y ofensores sexuales.
—¿Reconocen que hay superpoblación carcelaria?
—Sobrepoblación hay. Pero a veces la superpoblación se oculta. Cuando decimos que en 2007 más de la mitad de presos estaba en comisarías, en la cárcel no había sobrepoblación, pero porque se ocultaba en dependencias policiales. El Servicio Federal tiene diez mil presos y la misma cantidad de plazas, pero no cuentan que hay seis mil presos alojados en cárceles provinciales. Son formas de ocultar la superpoblación.
—¿Se incrementó en los últimos años la población carcelaria?
—Nosotros somos un organismo que trabaja a demanda; no producimos los presos. Dependemos de otros estamentos del Estado que definen cuántos presos hay. Partimos de un elemento básico que era la población excedente oculta en comisarías. Ahora, el crecimiento de la población total por la aplicación del nuevo sistema penal depende de múltiples variables que no está en nuestras manos gestionar. Hay un aumento, pero dentro de los parámetros habituales. Hace tres años había en total unos 4.800 internos y ahora hay 5.300. Es la tendencia histórica; no hubo un aumento exponencial. Se mantuvo más o menos la misma tendencia que se registró en los últimos treinta años en todo el país.
—¿Por qué se dejaron de conformar las Mesas de Diálogo?
—Fueron una apuesta política del primer tramo de la gestión del Frente Progresista. En su momento cumplió una función que era marcar cierta apertura del ámbito penitenciario hacia los actores externos, y escuchar la palabra del interno. Pero con el transcurso del tiempo, honestamente, evaluamos que teníamos otras herramientas de gestión mucho más productivas. La mesa de diálogo no resultó ser el mecanismo más idóneo para la función que supuestamente tenía. Una problemática es que iban delegados de los pabellones y no eran siempre fieles a los mandatos. Y finalmente, algo que no pasaba en el primer tramo de la gestión es que ingresaron al Servicio Penitenciario miembros de organizaciones criminales complejas que tienen cierta llegada y redes con el resto de la población penal, con lo cual también la mesa de diálogo terminaba siendo no el reclamo de los privados de libertad, sino de cierto sector dominante de los privados de libertad que para nosotros respondía a alguna rama de esta criminalidad organizada. No quisimos que ese espacio se monopolizara por ciertos actores.
—¿Cómo se reemplazaron esos mecanismos de diálogo?
—En la medida en la que una gestión avanza se va a adquiriendo otro conocimiento y manejo de la realidad carcelaria. Hay mecanismos que en un momento fueron válidos y luego no. Otro ejemplo es el director político que se tiene a veces como mecanismo de control. Lo tuvo Coronda después del motín de 2005 y sirvió porque había desconfianza sobre los penitenciarios, pero llegamos a un punto en que los mandos habían cambiado y se le volvió a dar una oportunidad otra vez al personal de carrera de Coronda. Tenemos recorridas con la plana mayor, con organismos de derechos humanos y actores del Poder Judicial… Honestamente, muy pocos servicios del país están tan monitoreados como el de Santa Fe. El nivel de apertura a instituciones externas que hay en Santa Fe no lo he visto en ningún lado. Podrán decir cualquier cosa del servicio, menos que es cerrado o poco transparente.
—¿Hay decisión de no firmar más conmutaciones de pena?
—No se ha hablado aún el tema a nivel político. Ésa es una decisión discrecional del gobernador. En esto habrá que repensar el rol del juez de Ejecución Penal (que desaparece con el nuevo Código de Procedimiento Penal)… De haber tres en la provincia, ahora no hay ninguno especializado. No hay ningún juez que cotidianamente conozca el ámbito carcelario. Por eso en Santa Fe, por ejemplo, los jueces subrogantes decidieron hacer un sinnúmero de entrevistas, simplemente para verles la cara a los internos y emitir luego un informe. No es una audiencia de debate, sino para el conocimiento personal con la expectativa de que el juez pueda emitir una opinión de que conviene o no la conmutación, simplemente, por haber hecho esa entrevista. Una expectativa, a mi criterio, poco realista. Esto es inagotable. Antes, el juez de ejecución de Coronda podía opinar sobre los 600 condenados en un mes; ahora, el Colegio de Magistrados para opinar sobre esos mismos 600 internos está desde hace un año haciendo audiencias. Sin dudas esto complejiza el trámite.

40
por ciento
de los presos alojados en cárceles de la provincia no está condenado. Por lo tanto rige para ellos el principio de inocencia.

90
por ciento
de los internos está alojado en establecimientos del Servicio Penitenciario. El resto, en comisarías.

5.300
internos
es la población carcelaria actual en la provincia, incluyendo los alojados en comisarías. Hace tres años, antes de la aplicación del nuevo sistema penal, ese número ascendía a 4.800.

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