PODRÍAN DESPLAZAR DEL CARGO A LA PRESIDENTA COMUNAL DE CLASON POR APOLOGÍA DEL DELITO

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia dictaminó que la presidenta comunal de Clason, Laura Ibars, incurrió en “conductas ilegales”, que su posteo que asocia a jóvenes con gorra con la inseguridad y la delincuencia es “claramente discriminatorio y racista” y que su exaltación de Videla para sugerir que en una dictadura esos chicos “sería asesinados” encuadra en la “apología del delito”, como lo denunció el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate.

La secretaria del área, Lucila Puyol, presentó el dictamen jurídico ante el fiscal Nº 2 Claudio Kishimoto que investiga a Ibars, le mandó una copia a la propia funcionaria y solicitó al secretario de Municipios y Comunas José Luis Freyre que analice la situación de Clason a la luz del artículo 146 de la ley 2.439, que faculta al Poder Ejecutivo a intervenir la comuna y desplazar de su cargo a Ibars. “Las opiniones vertidas en redes sociales” por la representante del Juntos por el Cambio “denotan un menoscabo a los derechos humanos, a las normativas vigentes en nuestro país y a los deberes de los funcionarios públicos”, dice el documento.

Laura Ibars, una militante de Juntos por el Cambio que tomó las riendas del gobierno local luego del a muerte de Mónica Bucher, quien falleció la semana pasada en Rosario donde se encontraba internada desde hacía algunos días debido a una enfermedad terminal. “Con estas gorras, no habría más estas gorras«, había escrito la funcionaria sobre una imagen del dictador haciendo la venia y otra de un joven de condición humilde portando un arma.

El dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos –que firman la abogada Analía Aucía y su colega Humberto Galarza- consideró que Ibars incurrió en “conductas ilegales”, entre ellas una supuesta “apología del delito” al dar a entender que si “un condenado por genocidio como Videla estuviera en el gobierno no habría jóvenes con gorras porque serían asesinados”.

“El contenido es claramente discriminatorio y racista por que asocia a un grupo poblacional –los jóvenes que usan gorra- con la delincuencia”. Por lo tanto, encuadra en la ley 23.595 de actos discriminatorios que sanciona las “expresiones discriminatorias que propaguen la idea o teorías que refieran a la superioridad de un grupo de personas”.

Pero además, las expresiones públicas de Ibars son “particularmente graves” porque “constituyen a prima facie” el supuesto “delito contemplado en el artículo 213 del Código Penal: ‘el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito’. En este caso, los términos del posteo refieren tanto a reivindicar la figura de un condenado por delitos de lesa humanidad como la del delito de homicidio

“La publicación reviste especial gravedad porque su autora es funcionaria pública”: una presidenta comunal que “conduce los destinos de una población santafesina en su conjunto”. “En estas circunstancias, los deberes éticos y legales se profundizan, así como el deber de formación e información que deben portar quienes ocupan cargos públicos de tamaña envergadura. Las opiniones vertidas en redes sociales por la señora Ibars denotan un menoscabo a los derechos humanos, a las normativas vigentes en nuestro país y a los deberes de funcionarios públicos”.

En tanto, se solicitó al secretario de Integración y Fortalecimiento de la provincia José Luis Freyre que analice “si la situación institucional” de la comuna de Clason “no se encuentra subvertida de acuerdo al artículo 146 de la ley de Comunas (2.439)”.

Fuente: sin mordaza

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